En los modernos Estados constitucionales, la apertura se convierte en una condición indispensable de un sistema de justicia de orientación democrática, en tanto hace posible el control y la fiscalización por parte de la población que habita en nuestro país. La reforma al artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica establece el deber de la Administración Pública de someterse a la evaluación de resultados y rendición de cuentas.
Asimismo, la adhesión de nuestro país a la Alianza para el Gobierno Abierto, en 2012, es otro de los impulsores del desarrollo, incorporación e implementación de los principios que inspiran la filosofía de Gobierno Abierto (transparencia, participación ciudadana y colaboración).
Esta experiencia es pionera en Costa Rica y a nivel internacional. Se trata de un primer acercamiento a la aplicación de la filosofía y principios de “Gobierno Abierto” dentro de la organización y funcionamiento de un Poder Judicial.