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El Poder Judicial, desde su creación ha dirigido sus funciones para fortalecer la democracia, asegurando que las necesidades demandas de la población sean atendidas adecuadamente, con imparcialidad, de manera que prevalezca el respeto a los derechos de todas las personas que forman parte de la sociedad.
Como parte de la implementación de la Política de Justicia Abierta, diferentes instancias judiciales con aportes de sociedad civil han propuesto el Plan de Acción para el periodo 2025-2026.
Dentro de las iniciativas contempladas en el plan se encuentran: el desarrollo de metodologías para la realización de rendiciones de cuentas participativas, valoración y fiscalización ciudadana frente a servicios críticos de atención a personas víctimas de delitos, apertura de servicios judiciales en regiones del país tomando en cuenta la cosmovisión de pueblos originarios, conversatorios entre autoridades judiciales, personal policial y comunidades como espacios de intercambio y realimentación, cocreación de estrategias de comunicación institucional, capacitación y promoción del lenguaje claro en el ámbito judicial, mejoramiento de sistemas internos de trabajo para el monitoreo y evaluación de servicios, apertura de conjuntos de datos judiciales, fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para el ejercicio de control y prevención de la corrupción, entre otras.
En este Plan de Acción 2025-2026 ha participado la Dirección de Planificación, Dirección de Gestión Humana, el Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Ministerio Público, Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, Escuela Judicial, Contraloría de Servicios, Dirección Ejecutiva, Comisión de Acceso a la Justicia, Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, Oficina de Cumplimiento y Consejo Superior.
El documento con el detalle de las iniciativas y oficinas responsables se puede consultar seguidamente: